Difusión Cencos México D.F., 5 de octubre de 2012
Boletín de prensa
Misión de observación de la Justicia en México de La Red Iberoamericana de Jueces
Después de cinco días en el país, entrevistando a diferentes actores de la sociedad civil, autoridades y poderes judiciales, de diferentes entidades federativas, los comisionados informantes comunican a los pueblos de México, a los pueblos de Latinoamérica y a la comunidad internacional el siguiente resultado preliminar de su informe acerca del estado de la justicia en México:
1.- Los comisionados firmantes reconocemos al estado mexicano por la aprobación reciente de la reforma en Derechos Humanos de junio de 2011, y llamamos a los jueces y juezas mexicanas a aplicar el control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, que significa, en los hechos, una verdadera revolución jurídica, que tiene en los jueces y juezas sus verdaderos hacedores, así por ejemplo, los juzgadores y juzgadoras, consecuentemente, deberán inaplicar las normas de arraigo que fueron elevadas a nivel constitucional por el legislador, terminando con esta institución violadora de garantías mínimas que tiene todo mexicano y toda mexicana. El arraigo además de atentatorio de los derechos de los justiciables, es absolutamente ineficiente para la persecución penal.
2.- Los comisionados informantes observan que la Secretaría para la implementación del sistema de Justicia Penal no prioriza el enfoque de derechos humanos en la propuesta de políticas públicas de las reformas al sistema de justicia penal, tanto policías, procuradurías como nuevas instituciones judiciales. Los comisionados esperan que las nuevas autoridades federales den un decisivo impulso a la reforma procesal penal desde y con los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, así como asegurando los recursos necesarios para su puesta en marcha a cabalidad.
3.- Los comisionados advierten que las informaciones indican que en México no existe tutela jurisdiccional efectiva sobre las condiciones carcelarias de las personas privadas de libertad. Para cumplir seriamente con el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad debe existir, asimismo, una defensoría especializada penitenciaria, y jueces penitenciarios que asuman integralmente la ejecución de la pena. El sistema carcelario debe cambiar el paradigma de controlar la violencia con violencia, puesto que este no es exitoso en el reintegro de los condenados a la sociedad. Las cárceles son el reservorio de la tortura institucionalizada del estado, a través del hacinamiento, falta de acceso^ a los derechos que no son objeto de la pena, como derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, etc. esto no es aceptable y debe cambiar, siendo los jueces, a través de su mandato constitucional responsables de las condiciones en que se cumplen las penas que imponen. Los internos al no tener a quien acudir normalizan los abusos y torturas perpetuando el sistema de abusos y torturas. El estado mexicano debe asimismo crear las condiciones de transparencia del sistema carcelario que permita su debida fiscalización por la sociedad civil.
Los jueces y las juezas no pueden subsidiar a un estado abusivo, convalidando actuaciones no reglamentarias, no legales, no constitucionales o no convencionales de la autoridad.
4.- Los comisionados informantes perciben que persistiría una cultura de corrupción en los poderes judiciales de las entidades mexicanas, que se expresa desde la existencia de altos grados de informalidad estructural, a través de personas que prestan servicios gratuitamente, como la figura de los meritorios, intendentes, que en el papel, se encargan de la limpieza pero que redactan proyectos; todo lo cual permea el trato con los litigantes en diversas irregularidades como propinas o pagos por servicios propios del quehacer judicial, es un marco que, como se ha establecido en otros países de la región, da inicio y permite la corrupción institucional a mayor escala.
5.- Los comisionados de la red de jueces exhortan al estado mexicano a garantizar la autonomía e independencia de los poderes judiciales de los estados federados, como garantía de los ciudadanos, que no tengan autonomía los transforma en débiles frente a las numerosas presiones a que se ven sujetos. Debe establecerse la desvinculación efectiva del jefe de gobierno con el nombramiento directo de los miembros de los tribunales superiores, estableciéndose mecanismo transparentes y que incluyan a la comunidad como garantes de dichas promociones.
Asimismo es necesario llegar a una verdadera profesionalización de la función judicial separando las esferas de lo decisorio de lo meramente administrativo.
De la misma manera para que exista una política criminal seria, el Ministerio Público debe ser autónomo constitucional del ejecutivo.
Se hace presente que nos han informado reiteradamente que, en muchas entidades federativas, sencillamente no existe separación de poderes.
6.- De la información recogida, el estado mexicano debe establecer mecanismos expeditos de rendición de cuentas en materia del sistema judicial, los mismos jueces y juezas deben abrir sus (tribunales al escrutinio público, pues el sano ejercicio de la revisión por parte de la ciudadanía del trabajo de los jueces y juezas redundará finalmente, en una mayor confianza en sus jueces y juezas.
7.- Unido a lo anterior, también informaron que no se observa, en todos los poderes judiciales mexicanos un adecuado mecanismo de reclutamiento de nuevos jueces y juezas, a quienes les encarguen la delicada tarea de declarar lo justo y; velar por los derechos de los pueblos mexicanos, es así que todo indica que dichos nombramientos se siguen manejando a través de lazos clientelares, no pudiendo, hasta el momento, la educación judicial reemplazar la formación discipular.
8.- Los comisionados abajo firmantes, afirmamos que el actual modelo de justicia del trabajo, basado en las juntas de conciliación y arbitraje, en México se encuentra en un estado que no permite, estructuralmente, constituirse en una verdadera jurisdicción que proteja a los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Creemos que ha llegado el momento de reformar la justicia del trabajo en México, no disminuyendo los derechos de los y las trabajadoras en México, sino que fortaleciendo la justicia laboral a través de un proceso expedito, rápido, oral y público, frente a Jueces y juezas laborales, independientes y autónomos. Señalamos que el actual proyecto de reforma laboral constituye un retroceso inaceptable a estadios prerevolucionarios no dignos de los pueblos mexicanos, de aprobarse dejará aún más en la indefensión a millones de personas que verán frustradas sus aspiraciones de una vida mejor y gravemente comprometida la seguridad social existente.
9.- Los comisionados llaman la atención de las autoridades mexicanas sobre el altísimo grado de vulneración de derechos que significa la ley de migración, donde se establecen autorizaciones de ingreso a domicilios sin orden judicial, detenciones de extranjeros sin orden judicial; esta ley no tiene enfoque de género ni adecuada protección a niños y niñas. Los altísimos requisitos para regularizar la situación del migrante finalmente colocan en estado de vulneración grave y riesgo serio a los extranjeros en el país. Debe haber una reforma que permita que jueces independientes, no meramente la administración conozca de las materias de migración para asegurar el adecuado respeto de los derechos de todos y todas. No es aceptable que por interponer un recurso ante el juez de amparo, signifique un desmedro en su situación personal, manteniéndose detenido por solo reclamar ante la autoridad competente. Advertimos las violaciones de derechos masivas de las personas que intentan dirigirse al país del norte, cometidas por autoridades mexicanas y grupos delictivos, Exigimos un juicio y castigo a las matanzas de migrantes latinoamericanos en suelo mexicano. Reafirmamos como jueces y juristas que Ninguna persona es ilegal. Solicitamos protección y libre paso a los migrantes¡que se dirigen a terceros países. .
10.- Los comisionados bajo su mandato exhortan al estado mexicano y especialmente al estado y al poder judicial de Guerrero para que la investigación del caso de los estudiantes asesinados en Atozinapa sea rápida y eficaz, identificando a los verdaderos autores materiales e intelectuales, seguirles un juicio con todas las garantías y condenar a los responsables, reparando en lo posible a las víctimas, generando desde ya garantías de no repetición de estos condenables hechos.
11.- Los comisionados llaman la atención de que las estructuras de los poderes judiciales, no solo en México, sino en toda Latinoamérica fueron diseñadas no pensando en los derechos humanos de los justiciables y actualmente dichas estructuras coadyuvan en las violaciones a éstos, baste pensar en que dentro de los poderes judiciales no existen protocolos estandarizados que den adecuada protección a los mismos funcionarios y funcionarías frente a acosos laborales o sexuales. Si dentro de los poderes judiciales no se hacen valer los derechos, se dificulta en demasía que se puedan respetar cien por ciento los derechos de los y las-justiciables que acuden por justicia.
Es necesario que se incluya a la sociedad civil organizada en las estructuras judiciales para asegurar el cumplimiento de la delicada labor que ejercen las juezas y los jueces, no solo estableciendo controles verticales sino también multimodales.
12.- Los comisionados expresan su desconcierto por la tardanza de las autoridades mexicanas en adoptar las medidas necesarias para poner término a los feminicidios en el país. Es una situación que se conoce en toda la región desde hace tiempo ya y es inaceptable que aún no se establezcan protocoles generales de actuación frente a la violencia de género, no existe una verdadera aplicación de las normas con perspectiva de género, las medidas de protección de las víctimas de delitos de género suelen ser insuficientes y la respuesta de las policías y ministerios públicos muchas veces es indolente aumentando el sufrimiento de las víctimas y sus familiares. Debe respetarse adecuadamente a la víctima en los procesos penales, notificándole de todos los actos y citándole a las audiencias respectivas, escuchándole sus propuestas y empoderándolas en estos procesos. Particularmente denunciamos el aumento desproporcionado de los feminicidios en la entidad federativa de Estado de México, dicha entidad debe modificar urgentemente su práctica en relación a este tipo de delitos dando muestras tangibles de su compromiso con terminar con la impunidad.
Los comisionados de la red de jueces, recibieron muchas expresiones de que las mismas autoridades mexicanas actúan ya sea por burocracia, por negligencia o directamente por complicidad, a favor de la violencia de género.
13.- Los comisionados informantes observan que el estado mexicano no ha sido capaz de construir una política de justicia integral, confundiendo seguridad y justicia. Y ha intentado construir una política de seguridad, englobando a la justicia, degradando la seguridad en una estrategia policial y militar que impide/construir concepciones integrales de políticas de seguridad humana necesarias para un estado democrático celoso de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Advertimos a los pueblos de México acerca de los peligros del manejo poco cuidadoso de la segundad, nosotros, los comisionados, venimos de países donde, en nombre de la seguridad nacional se cometieron genocidios y crímenes de lesa humanidad cuyas consecuencias sufrimos hasta el día de hoy.
14.- Los comisionados expresan que el primer eslabón del sistema de justicia es la policía y recogen la opinión generalizada de la crisis en que se encuentran sumidos los cuerpos policiacos. Exhortamos al estado mexicano a cambiar el paradigma de la policía, quienes muchas veces se encuentran en un abandono institucional y en un aislamiento social; Generando un modelo policiaco que genere confianza en la ciudadanía, a través de la creación de controles múltiples de la actividad de la policía por parte de la propia comunidad organizada, para eso es necesario volcar la mirada a otros países que han logrado mejorar sus estándares de seguridad y desempeño policial, como lo constituye por ejemplo, Nicaragua e internamente el ejemplo de la Policía comunitaria de Guerrero.
Los comisionados llaman a los jueces y juezas mexicanas a ejercer labores de control de la actividad policíaca á través de la denuncia inmediata de actividades irregulares que se detecten en los procesos, especialmente en los penales, y donde aparezcan signos de tortura o malos tratos. Esto redundará en un importante apoyo para avanzar hacia una reforma de seguridad ciudadana y democrática.
15.- Los comisionados alertan sobre el Código Federal de Procedimientos Penale^que establece instituciones y figuras del derecho penal del enemigo que no solo van en contra de la reforma constitucional de 2008, sino también en contra de las condenas que ha recibido el estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede ser posible que se acepten medidas intrusivas, ordenes de detención, cáteos sin necesidad de orden judicial, esto es propio de un estado fascista y no de uno respetuoso de los. derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Es falsa la contradicción entre garantías y persecución penal, es posible una investigación eficaz con respeto a los derechos de las personas. Establecer altos estándares a las instituciones de persecución generan mayores grados de profesionalización y efectividad en la persecución del delito, bajar las garantías, por el contrario eternizan una investigación y procuración negligente y corrupta
16.- Los comisionados observan que existe tortura, malos tratos y tratos indignos y degradantes de manera institucionalizada en los procesos penales, lo qué en sí mismo es un delito de lesa humanidad y expresamos nuestra preocupación por la conformidad que las autoridades mexicanas demuestran al no perseguir y sancionar la tortura en las investigaciones penales. Según nuestra información no existen detenidos actualmente por ser autores del delito de torturas.
La tortura en el contexto de la instrucción penal, solo sirve para fabricar culpables, es ineficiente e ineficaz; En este sentido los comisionados de la Red de jueces recomiendan terminar con la costumbre de las agencias de persecución de exhibir a los medios dé comunicación presuntos responsables de delitos, puesto que esta situación es una prolongación de las torturas sufridas con anterioridad.
17.- Los comisionados REDIJ observan con preocupación el uso del sistema de justicia como mecanismo de criminalización de los movimientos sociales en México, como por ejemplo, por la situación jurídica y la criminalización que se ha llevado a efecto en los casos de Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez dirigente y vocero respectivamente del MOCRI-CNPA-MN. Solicitamos que los jueces que tienen a su cargo los procesos, lleven a cabo su tarea de manera exhaustiva, imparcial y apegada al debido proceso y a las convenciones internacionales de derechos humanos.
Asimismo nos preocupa el patrón que se está desarrollando por parte del estado de Chiapas en relación a la adjudicación de tierras a organizaciones comunitarias sobre territorio recuperado por las bases de apoyo del EZLN, como el caso concreto y actual de la comunidad Comandante Abel. Los comisionados llaman a que las autoridades y comunidades entren en un proceso de diálogo y no continúe el estado propiciando el enfrentamiento entre comunidades.
18.- Los comisionados REDIJ expresan su preocupación por la desconsideración con la situación cultural diferente, que genera vulnerabilidad desde el sistema legal dominante, en el caso de los indígenas, como por ejemplo la inexistencia de un servicio de interpretación serio; que no se toma en cuenta la cultura de los pueblos indígenas, menospreciando los peritajes antropológicos. .
Asimismo el sistema jurídico preponderante debe respetar a las otras justicias y establecer canales de comunicación y respeto debidos que permitan una solución armoniosa de los conflictos entre jurisdicciones.
19.- Los comisionados llaman la atención a los legisladores de México por la tardanza en dictar la ley de amparo, que haga realidad el recurso efectivo y expedito para hacer valer y exigir los derechos de los justiciables y por la incomprensible omisión en la dictación de la ley de responsabilidad adolescente en materia federal, que causa indefensión e impunidad. Debe con urgencia corregirse esta grave situación.
20.- En materia ambiental, los comisionados observan que existe una nutrida legislación y muchos organismos involucrados en ella, sin embargo, en los hechos estos se han mostrado inefectivos en la delicada tensión entre desarrollo y medio ambiente, por eso los comisionados sugieren al estado mexicano que más pronto que tarde genere tribunales ambientales especializados que resuelvan con perspectiva de un desarrollo humano acorde cpn la existencia de la madre tierra y que el interés económico no se. siga siempre imponiendo al interés ambiental y humana.
21.- Los comisionados reconocen los avances que en materia de derechos humanos ha impulsado la Suprema Corte de Justicia, especialmente a través del fallo de cumplimiento de la condena al estado mexicano por parte de la CIDH en el caso Rosendo Radilla, donde la Suprema Corte ordena que todos y todas los jueces y juezas ejerzan un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad de oficio, por lo cual pueden inaplicar la legislación interna contraria a la constitución y a las convenciones internacionales sobre derechos humanos.
Asimismo, los comisionados expresan su satisfacción con el mismo fallo que acota el fuero militar a los delitos y faltas contra la disciplina militar, sin perjuicio de ello, los comisionados llaman al estado mexicano, así como el estado argentino lo hizo recientemente, a eliminar el fuero militar completamente por no ser compatible con un estado democrático de derecho, puesto que la justicia militar en si, por definición constituye una violación al debido proceso.
Los comisionados exhortan al estado mexicano a que de manera pronta a retirar a los militares de las labores de segundad y de procuración de justicia, por no tener las experticias necesarias y contribuir a genera un clima de amedrentamiento en la población, así como, en casos documentados, ser parte de la razón de desplazamientos forzados internos de defensores de derechos humanos que deben emigrar para resguardar su integridad
Asimismo, los comisionados que informan reconocen el esfuerzo que ha realizado el Tribunal Superior de Distrito Federal en la construcción de indicadores de derechos humanos en el trabajo de los jueces y juezas del distrito federal, siendo una buena práctica que debe replicarse, sin perjuicio de los desafíos que significan su aplicación transparente y seguimiento de sus resultados, exhortamos al TSJDF a incluir observadores de la sociedad civil en estas evaluaciones.
Finalmente los comisionados de la red iberoamericana dé jueces llaman a los jueces y a las juezas mexicanas a ser activos defensores y defensoras de su independencia, pues solo con ella podrán ser verdaderos guardianes de los derechos de todas y todos en México.
1 Este organismo surgió al alero del II Foro Mundial de Jueces y del Foro Social Mundial, efectuado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en Enero de 2003. La Red Iberoamericana de jueces está integrada por magistrados(as) de Haití, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Perú, Argentina, Brasil, Solivia, y Chile, fue oficializada en la ciudad de La Serena (IX Región de Chile) el 27 de marzo de 2004. Nuestro trabajo está destinado a promover las garantías judiciales, como por ejemplo, la independencia de los jueces, la garantía de los ciudadanos, postulando un respeto irrestricto de la persona humana y sus derechos fundamentales, entendiendo que con ello, se contribuye al logro, fortalecimiento y mantenimiento de la democracia y gobernabilidad en el ámbito iberoamericano. MM//wwW;redjj.org/ Facebook: Red Iberoamericana de Jueces
Si eres neutral en-situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor
Arzobispo DesmondTutu
Juez Daniel Urrutia Laubreaux,: Chile
Juez Joao Ricardo dos Santos Costa, Brasil
Comisionados de la Red iberoamericana de Jueces
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