domingo, 10 de diciembre de 2017

OSC solicitantes de la alerta para personas defensoras de derechos humanos y periodistas urgen al gobierno federal y estatal dar cumplimiento al plan de contingencia




Chihuahua, Chih. 10 de diciembre 2017.- En el marco internacional del día de las personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones solicitantes de la primera alerta en México sobre personas defensoras y periodistas, llamamos a las autoridades del gobierno federal y del gobierno del estado de Chihuahua a dar cabal cumplimiento al Plan de Acción adoptado el pasado 9 de junio, conforme al artículo 43 de la ley en la materia, a fin de reducir el riesgo que significa ejercer en Chihuahua la labor de defensa de derechos humanos y periodismo.


El Plan de Acción, consensuado con las organizaciones y periodistas solicitantes de la alerta, es un precedente nacional importante como modelo de protección, porque aborda el riesgo desde las causas estructurales que lo originan y no sólo se enfoca en atender la situación de manera superficial.


A seis meses de que se inició formalmente con la implementación del Plan de Acción, el cual se compone de 53 estrategias que se deben de instrumentar de manera coordinada entre diferentes instituciones del gobierno estatal y federal, las organizaciones de la sociedad civil informamos que sólo se han realizado seis acciones asiladas que no representan un avance tangible para alcanzar el objetivo del Plan; la inactividad de las autoridades, refleja la falta de compromiso o capacidad para atender un tema que debería de encontrarse dentro de las prioridades de la agenda pública de los tres niveles de gobierno, particularmente reclamamos la notable ausencia de las autoridades federales lo que obstruye un avance significativo en las mesas de trabajo por la falta de representantes para tomar decisiones e implementar las acciones que les corresponden.

Chihuahua tiene el mayor número de medidas de protección ordenadas por organismos internacionales de derechos humanos y se mantiene ocupando los primeros lugares a nivel nacional en agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por lo que las responsabilidades contraídas en marco del Plan de Contingencia deben de asumirse con la urgencia que amerita la prevención efectiva de las potenciales agresiones y así garantizar el ejercicio de estas actividades en condiciones plenas de seguridad.


En los últimos años, en Chihuahua se han asesinado a 21 personas defensoras de derechos humanos y al menos 20 periodistas o trabajadores de medios de comunicación.

jueves, 7 de diciembre de 2017

HISTÓRICO DIAGNÓSTICO EN COMUNIDAD INDÍGENA DE CHORÉACHI MANDATADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Integrantes de la comunidad de Choréachi Foto: CEDEHM 

Chihuahua, Chih. a 7 de diciembre de 2017.- La Comunidad Indígena rarámuri (arahumara) de Choréachi, también conocida como Pino Gordo, ubicada en Guadalupe y Calvo ha permanecido por varios años, como un territorio casi impenetrable a causa del violento control territorial ejercido por grupos de la delincuencia organizada que buscan explotar el bosque de la comunidad y; su ubicación geográfica de difícil acceso.

En esta situación de vulnerabilidad y luego del asesinato de Juan Ontiveros en febrero pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió requerir a México que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de toda la comunidad indígena, convirtiéndose así en las primeras medidas provisionales colectivas dictadas para México por este organismo judicial, en donde además se ordena la realización de un diagnóstico sobre la situación de las personas que integran la comunidad.

Así, el pasado dos y tres de diciembre, por primera vez una comitiva integrada por diferentes instituciones de nivel federal y estatal acudieron hasta Choréachi a realizar el diagnóstico mandatado por la Corte IDH. La presencia de los agentes externos es de importancia relevante, pues la comunidad ha enfrentado de manera aislada la inseguridad, violencia y la toma fáctica del territorio por la delincuencia organizada.

En su elaboración, participaron representantes de la Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Desarrollo Social, así como personal de la Unidad de Derechos Humanos de la SEGOB del gobierno federal. Además de las instituciones gubernamentales, por parte de los representantes de la comunidad ante la Corte,  facilitaron el diagnóstico, personal de Alianza Sierra Madre A.C. y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. En la comunidad, el trabajo fue organizado por sus autoridades tradicionales.

El diagnóstico se realizó a través de talleres con metodología participativa, y participaron más de 350 personas: niñas, niños, mujeres, hombres y las autoridades indígenas que integran su Sistema Normativo Interno.


                                                            Talleres a hombres Foto: CEDEHM 

Se encontró a una comunidad en condiciones de extrema precariedad, pero también pudimos observar a una comunidad con absoluta claridad de continuar en la defensa de su territorio y bienes naturales y, con un Sistema Normativo Interno, como ya no se puede ver en otras regiones de la Sierra Tarahumara. Para los integrantes de Alianza Sierra Madre, la estancia en Choréachi, significó la restitución del derecho a defender derechos, pues desde hace 5 años no podían acudir debido a las amenazas de las que han sido objeto.

Los resultados del diagnóstico deben ser la base con la que el Estado mexicano adopte las medidas pertinentes para garantizar la protección de los integrantes de la comunidad y para la restitución de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, negados históricamente.

En razón de lo anterior, exigimos que el Estado cumple cabalmente con las medidas provisionales para que sin demora, se garanticen las condiciones de seguridad de la comunidad para lo que es indispensable la colaboración activa del gobierno federal.


                                                        Talleres a niñas y niños  Foto: CEDEHM 

                                                             Talleres a mujeres Foto: CEDEHM 

sábado, 25 de noviembre de 2017

EL MOVIMIENTO ESTATAL DE MUJERES DE CHIHUAHUA NOS PRONUNCIAMOS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES




Chihuahua/Ciudad Juárez, Chihuahua a 25 de noviembre de 2017.- El Movimiento Estatal de Mujeres, somos un movimiento político integrado por. organizaciones y mujeres defensoras de derechos humanos, quienes por años nos hemos dedicado de manera ardua y decidida, a trabajar por la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, encaminados a alcanzar la igualdad sustantiva y a eliminar las violencias machistas en el estado de Chihuahua.

En pleno siglo XXI, es necesario que exista un día especial para sensibilizar, concienciar y llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres: una de las más extendidas y devastadoras violaciones a derechos humanos. Las violencias machistas, que encuentran su máxima expresión en el feminicidio, son actos de discriminación que tienen su origen en la desigualdad histórica entre hombres y mujeres.

En Chihuahua, gracias al arduo trabajo y las constantes demandas de las mujeres, hemos logrado consolidar una estructura institucional y legislativa robusta, para erradicar la violencia contra las mujeres; así, dimos al país la primera ley estatal del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el primer Centro de Justicia para las Mujeres, que después se convirtió en una política nacional, logramos una Fiscalía Especializada para investigar la violencia contra las mujeres; un instituto para las Mujeres, las unidades de género en todas las dependencias; por primera vez, el plan estatal de desarrollo tiene transversalizada la perspectiva de género y hoy se trabaja en el primer protocolo para la detección de abuso sexual en niños y niñas. Lograr la Igualdad de Género, alineado al objetivo 5 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, un compromiso a cumplir en nuestro país.  

A pesar de estos esfuerzos, permanece y se refuerza el arraigado machismo en nuestra sociedad y un ataque frontal a las luchas feministas que ganó todos los derechos de las mujeres y la transversalización de la perspectiva de género, que hoy, incita y provoca el odio sobre los esfuerzos para una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas, en donde todas las personas tengan el pleno derecho de ser quienes somos.

Hoy, las mujeres siguen muriendo porque persiste la idea de que somos el objeto o la pertenencia de alguien y que se puede disponer de nuestros cuerpos, de nuestras vidas y de nuestros derechos. En lo que va de este año 142 mujeres han sido asesinadas; 229 se encuentran desaparecidas y seguimos ocupando el deshonroso segundo lugar en el país de violencia sexual y el cuarto lugar en violencia familiar.

Hoy como ayer nuestra demanda irrenunciable es la del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias como condición necesaria para alcanzar la igualdad. En este sentido, en diferentes momentos hemos tenido y tendremos que alzar nuestra voz en denuncia para que se reconozca el problema, se adopten e implementen políticas públicas que atiendan la problemática, se adopten medidas suficientes y adecuadas para la prevención, se etiqueten presupuestos que garanticen a las mujeres el pleno goce de sus derechos.

Reconociendo que la violencia contra las mujeres en nuestro estado responde al arraigo de patrones socioculturales machistas en la sociedad en general y a la insuficiencia de medidas estatales efectivas para responder proporcionalmente al tamaño de la problemática urgimos:

            Al Gobernador del Estado, urgimos a que dé puntual seguimiento a la Declaratoria por las Mujeres, firmada el 10 de mayo pasado, en donde existen acciones concretas que contribuyen a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

            A la Fiscalía General del Estado: exigimos que se implementen todas las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva, efectiva, oficiosa y oportuna que permita la determinación de los feminicidas y llevarlos a juicio, así como a todos los casos de violencia contra las mujeres en sus diferentes expresiones.

            Al Poder Judicial: exigimos la incorporación de la perspectiva de género y el apego a los más altos estándares internacionales, en todos los asuntos en los que son parte las mujeres.

            Al Poder Legislativo, demandamos la inclusión de las organizaciones de mujeres para legislar a favor de la igualdad sustantiva y la remoción de los obstáculos que se mantienen en los códigos civil y familiar.

            De la Policía Municipal, demandamos la sensibilización y capacitación necesaria de las y los agentes que dan la primera respuesta a las denuncias de violencia.

             A las Iglesias, las escuelas de todos los niveles y las familias, como formadores y núcleos esenciales de reproducción de nuestra cultura, les exhortamos a promover la justicia, la igualdad, la democracia, la no discriminación y la erradicación de las violencias contra las mujeres, niños, niñas y en general contra cualquier persona en condición de vulnerabilidad.

            A los medios de comunicación, como informadores sociales y reproductores del discurso, basta de reproducir estereotipos y roles de género.


            A la sociedad en su conjunto, rechazar ideologías retrógradas que fomentan la persistencia de una sociedad machista que genera la violencia contra las mujeres.




¡Vivas nos queremos!

miércoles, 1 de noviembre de 2017

Solicitud de intervención del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de la ONU

Chihuahua, México a 31 de octubre de 2017









Alda Facio
Emna Aouij
Kamala Chandrakirana
Frances Raday
Eleonora Zielinska


Integrantes del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de la Organización de las Naciones Unidas:

Nos dirigimos a ustedes a fin de hacer de su conocimiento y pedir su urgente intervención por los actos del Congreso del Estado de Chihuahua con los que, se promueve desde el Estado el odio y la discriminación en contra de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las personas de la diversidad sexual.  movimiento feminista, así como la comunidad  y solicitar su actuación frente al Congreso del Estado de Chihuahua.

Es el caso que el día de hoy, la Junta de Coordinación Política (órgano máximo del poder legislativo en el estado de Chihuahua), aprobó la presentación en las instalaciones del Congreso del Estado de:  "El Libro Negro de la Nueva Izquierda", el próximo viernes 3 de noviembre.

Quienes firmamos, nos oponemos a que instalaciones públicas se utilicen para la presentación del Libro en mención, pues éste  ataca abiertamente y busca desacreditar los aportes de los movimientos sociales en búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos y contraviene los principios constitucionales de igualdad y no discriminación sobre los cuales recae la justicia social, que nos rigen a todas las personas que habitamos el territorio nacional.

El texto del libro que se pretende presentar en la sede del Congreso del Estado está plagado de expresiones discriminatorias y denigrantes contra las personas defensoras de derechos humanos, feministas, personas LGBTTI, personas defensoras del medio ambiente y de los pueblos originarios, pero dirige la mayor parte de sus páginas a plantear un discurso de odio contra el movimiento feminista y las personas de diversidad sexual. Refiriéndose al feminismo establece “otorgarán al incesto y a la pedofilia el lugar de una de sus reivindicaciones más despreciables.”[1]. En cuanto a las personas homosexuales, se utilizan expresiones inaceptables llamándolos “sodomitas”, justificando la necesidad de considerar la homosexualidad como una “enfermedad mental” y culpando a lo que llaman “ideología de género”, al lobby sodomita”, a lo que ellos califican como organizaciones de izquierda y al psicoanálisis de “”normalizar” hasta los hábitos más repugnantes”, refiriéndose a la actividad afectiva de las personas de la diversidad sexual.

La presentación del libro, es promovida por los congresistas  Jesús Villareal e  Israel Fierro[2], quienes frente a la oposición de organizaciones de derechos humanos, nos han acusado de intolerantes, invocando equivocadamente  el derecho a la libertad de expresión y la “pluralidad”, en abierta violación al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presentación del Libro desde instalaciones públicas y a partir de la promoción de servidores públicos, constituye abiertamente un acto de promoción de discriminación, lo cual está prohibido por nuestra constitución así como por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la que México es parte.

Es particularmente grave que este acto este promovido desde el Congreso, pues promueve la desinformación y se aleja del diálogo respetuoso y abierto sobre los temas en discordia.

En esta estrategia polarizante de desinformación, basada en prejuicios y consideraciones de moralidad subjetivas y sin sustento científico, quienes la promueven, se han valido métodos de descalificación hacia los sectores de la población en mayor situación de vulnerabilidad; han manejado información falsa o abiertamente mentirosa, con la finalidad perversa de perpetuar un sistema en donde ellos conservan su estatus y posición de privilegio económico, político y social, mediante la negación de derechos hacia aquellas personas sobre las cuales se sostienen estas élites mediante mecanismos de opresión, para así revertir los avances de las luchas sociales que se han librado en Chihuahua, en México y en el continente, a manos de la sociedad civil organizada, encabezada por valientes hombres y mujeres que han dedicado su tiempo, recursos humanos y materiales, al nivel incluso de perder la vida , en la labor de visibilizar a los sectores históricamente excluidos, en la exigencia de reivindicación y reconocimiento de los derechos que les han sido negados.

De conformidad con las obligaciones internacionales que México tiene y las propias que se establecen en la Constitución, los y. las servidoras públicas tienen el deber de promover, proteger, garantizar y respetar el derecho a la igualdad y no discriminación.

En atención a lo anterior:

Atentamente solicitamos que, se dirija una comunicación al Congreso del Estado de Chihuahua para solicitar que NO se utilicen instalaciones públicas para promover la discriminación.



Atentamente,

Abogadas Demócratas
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Círculo de Estudios de Género, A.C.
Ecos de Mirabal
Fatima, I.B.P.
Grupo Feminista 8 de Marzo
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Justicia para Nuestras Hijas
Kakúm Colectiva
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)
Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez
Red por la Participación Ciudadana
Transforma, A.C.


Emma Saldaña Lobera, Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Luz Estela Castro Rodríguez, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua
María Inés Mesta Orendaín, Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Martha González Rentería, Consejera del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres
Nithia Castorena Sáenz, Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas


[1] “El Libro Negro de la Nueva Izquierda” Pg. 38.

viernes, 20 de octubre de 2017

Organizaciones recomiendan al gobierno mexicano establecer un mecanismo de cooperación internacional contra la impunidad en México con apoyo de la Unión Europea






·         Organizaciones lamentan que autoridades mexicanas no reconozcan la urgencia de crear un mecanismo técnico de lucha contra la impunidad, como lo es el Consejo Asesor recomendado por la ONU, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales

·         Demandan que previo a la negociación comercial del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea se realice una evaluación sobre el impacto social y el respeto a los derechos humanos 
·         Se entregaron recomendaciones para fortalecer el Estado de Derecho, tanto en México como en la Unión Europea; para atender la migración, la responsabilidad de las empresas y garantizar la protección de personas defensoras y periodistas

Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de derechos humanos en México y la Unión Europea (OSC) realizaron diversas recomendaciones a altas autoridades, en el marco del Quinto Seminario de Sociedad Civil Unión Europea México, celebrado en la Ciudad de México el pasado 10 de octubre. Destacaron temas como el Estado de Derecho, la migración, la responsabilidad de las empresas y la garantía de los derechos humanos a sociedad civil, defensores y periodistas. 

Las organizaciones expresaron su preocupación por el incremento de ataques al trabajo de denuncia y derecho a la protesta tanto en México como en la Unión Europea, donde existen métodos cada vez más evidentes para frenar el trabajo con la población migrante, reducción de presupuestos públicos y hostigamiento institucional a quienes denuncian violaciones a derechos humanos en territorio europeo. En el caso mexicano ser una persona defensora de derechos humanos o periodista se ha convertido en profesiones de alto riesgo por los ataques sistemáticos de autoridades y del crimen organizado. Un lamentable ejemplo de ello son las escuchas y espionaje realizado presuntamente por funcionarios públicos y documentado en el informe #GobiernoEspía, así como la persistente desacreditación y campañas de desprestigio en contra de personas defensoras de derechos humanos.

Demandaron al Estado Mexicano y los Estados miembros de la Unión Europea demostrar su compromiso ampliando la protección de derechos humanos de sus habitantes al ratificar los instrumentos internacionales pendientes de adoptar, así como implementar las recomendaciones de los mecanismos internacionales que han recibido. La calidad democrática y el bienestar de sus habitantes están relacionados directamente con el respeto a los derechos humanos. Tanto la Unión Europea como el Estado Mexicano están obligados a no permitir los retrocesos en sus territorios en materia de derechos humanos e impedir que los intereses empresariales, económicos, fundamentalistas o del crimen organizado debiliten el Estado de Derecho.

Recomendaron la urgencia de establecer un "Mecanismo de cooperación internacional contra la impunidad en México" de carácter técnico, financiero y político con un fuerte respaldo de la Unión Europea; así como armonizar y actualizar las leyes -de México y los Estados miembros de la Unión Europea- con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que han adoptado.  

Las organizaciones lamentaron que las autoridades mexicanas se negaran explícitamente a crear un órgano técnico especializado en la lucha contra la impunidad. Este órgano, que también ha sido recomendado por la ONU, debería contar con amplio apoyo de la Unión Europea, considerando el apoyo de expertas y expertos internacionales en la materia. Las autoridades expresaron que su negativa se debe a que ya han tomado suficientes medidas al respecto, lo cual demuestra nuevamente la falta de voluntad política para reconocer y combatir la impunidad reinante en el país.

Sobre el tema de migración, se solicitó establecer una mesa de seguimiento en torno a la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional que se encuentren en tránsito, retorno o destino, así como aquellas personas mexicanas desplazadas al interior del país. Las organizaciones resaltaron su preocupación por la práctica generalizada por parte del Instituto Nacional de Migracion de detener a personas migrantes y solicitantes de asilo, pese a que la detención es contraria a las obligaciones de México en materia de derechos humanos y no estar contemplada en la Constitución Mexicana. Se solicitó asegurar que las condiciones de recepción de migrantes y solicitantes de asilo permitan el acceso efectivo a los servicios necesarios para garantizar su integridad y seguridad personales en los países receptores. Especialmente se pidió fortalecer en México al Sistema Nacional de Protección Integral de niñas niños y adolescentes y las Procuradurías de protección del DIF para evitar su detención en estaciones migratorias, separación familiar e implementar la protección temporal en familias de acogimiento.

Acerca de la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, se recomendó que los Estados miembros de la Unión Europea se involucren de forma propositiva en las negociaciones del nuevo Acuerdo Global; y realizar previamente y difundir públicamente una evaluación de impacto sostenible (ex-ante) en derechos humanos sobre este acuerdo para la modernización y renegociación comercial entre México y la Unión Europea.  
  
Las recomendaciones emitidas en torno a la situación de las personas defensoras de derechos humanos se centraron en la importancia de asegurar las garantías para el derecho a la defensa de derechos tanto en la Unión Europea como en México.

En particular, para afrontar la grave situación de riesgo a la integridad y la vida que tienen las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México se recomienda crear un mecanismo de seguimiento y comunicación transparente sobre graves violaciones a sus derechos humanos. Éste puede incluir acuerdos de cooperación técnica, política y financiera por parte de la Unión Europea para apoyar al Estado Mexicano en la investigación sobre el espionaje contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos documentados en el informe #GobiernoEspía y la elaboración de un nuevo protocolo de investigación de crímenes cometidos en contra de periodistas por parte de la FEADLE y su articulación efectiva con el Mecanismo de protección federal y las autoridades estatales de acuerdo al actual marco normativo. 

Se solicitó a las autoridades mexicanas y de la Unión Europea una acción de reconocimiento de la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, al finalizar el Diálogo de Alto Nivel, ante el alarmante aumento de asesinatos, agresiones y campañas de desprestigio en nuestra contra.

Las organizaciones mexicanas y europeas participantes del seminario son:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Asylum Access
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C, Centro Prodh
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Espacio OSC
Foro para el Desarrollo Sustentable
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
IRCT
Lekil Kus’ Lejal
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
OXFAM
Plataforma alemana contra la desaparición forzada
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Propuesta Cívica
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
Red por los Derechos de la Infancia en México REDIM
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Sin fronteras

World Organisation Against Torture (OMCT)

jueves, 19 de octubre de 2017

Entregan modelo de atención para fortalecer al sistema de atención a víctimas de la CEAVE Chihuahua



Chihuahua, Chih., a 19 de octubre de 2017.- El día de hoy en reunión de Consejo General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) acompañadas por Cristina Hardaga, coordinadora de actividades de Enfoque DH, entregaron el compendio del proyecto para la asistencia técnica para el fortalecimiento del sistema de atención a víctimas en el estado de Chihuahua, elaborado por el CEDEHM, como parte del proyecto Fiscalía Especializada para la Investigación de Graves Violaciones de Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua y Fortalecimiento de los Derechos de las Víctimas.

El proyecto fue financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y Enfoque DH, en el marco del Memorándum de Entendimiento con Enfoque en Derechos Humanos firmado en noviembre del año pasado entre USAID y el gobierno del estado, a través de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de impulsar políticas públicas en esta materia.

El compendio incluye una propuesta de Reglamento Interno; un Plan de profesionalización permanente del servicio civil de asesoras y asesoresvictimales; un Modelo integral de atención a víctimas con enfoque psicosocial; Protocolos para la atención a procesos individuales, familiares y comunitarios; y buenas prácticas en la atención victimal.

No olvidemos que el estado de Chihuahua tiene una larga trayectoria en la participación de la sociedad civil organizada para dar voz a las víctimas, y con este proyecto ha quedado plasmada para el funcionamiento del sistema estatal de atención a las víctimas.

El CEDEHM agradece a USAID y Enfoque DH el impulsar iniciativas que redunden en el fortalecimiento de las instituciones responsables de garantizar una atención digna y brindar justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Además, reconoció a la Fiscalía General del Estado por su interés en contar con procesos participativos para fortalecer al sistema de atención a víctimas. Y a la CEAVE por su apertura para el diseño e implementación del modelo de atención, en base a la inclusión de aportes de quienes hemos acompañado a las víctimas y de personas expertas en la materia.

Irma Villanueva Nájera, comisionada de la CEAVE, agradeció el invaluable trabajo realizado y propuso la firma de un convenio con el CEDEHM para llevar a cabo la implementación del documento entregado, valorando la experiencia de las organizaciones y que con este aporte las víctimas serán beneficiadas. 

Esperamos que el documento presentado contribuya a evitar la repetición de prácticas re-victimizantes y dolorosas para quienes han sido víctimas de un delito o de una violación a sus derechos humanos. Y también que la atención a víctimas en Chihuahua sea referente en el país al incluir en un proceso participativo, la experiencia de quienes hemos acompañado históricamente a las víctimas y personas expertas en la materia, indicaron las integrantes de El CEDEHM al finalizar la reunión. 



jueves, 31 de agosto de 2017

Colectivo de familiares de personas desaparecidas que acompaña el CEDEHM se reúnen con Javier Corral Jurado


Chihuahua, Chih. a 31 de agosto de 2017.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el colectivo de familiares de personas desaparecidas que acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, se reunieron el día de hoy con Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.

Gabino Gómez, coordinador del área de personas desaparecidas expuso las dos propuestas en materia de desaparición, que fueron hechas por Corral Jurado en su toma de protesta como gobernador constitucional el pasado 4 de octubre, una de ellas en relación con la creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y la segunda, en la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para identificación de restos óseos encontrados en tres fosas clandestinas.

En relación con la creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos, el 8 de diciembre de 2016 el CEDEHM junto con otras organizaciones de la sociedad civil, entregó el proyecto de decreto, que aprobó el Congreso del Estado el pasado 7 de junio.

En el tema de identificación de restos óseos, en diciembre de 2016 en Ciudad Cuauhtémoc se firmó un convenio de colaboración entre Gobierno del Estado y el EAAF con el objetivo de analizar y procesar los restos encontrados en el rancho Dolores, en Cuauhtémoc; el rancho El Mortero, en Carichí; y la brecha El Porvenir, en Cusihuiriachi, donde a partir de enero de 2017 se realizó una selección y procesamiento de 60 restos óseos, y se tomó muestra sanguínea a 294 personas integrantes de 100 familias de 117 personas desaparecidas en Cuauhtémoc, provenientes de Fiscalía, CEDEHM y Justicia para Nuestras Hijas, que pudieron encontrarse por fecha y lugar entre los restos óseos de los ranchos antes mencionados.

Entre los 60 restos óseos, 52 son muestras con perfiles genéticos correspondientes a 22 personas, con 7 personas identificadas, notificadas a sus familiares y dictamen entregado a la FGE.

Asimismo, se habló sobre la atención Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crímen (FANVI), que anteriormente solo brindaba apoyo a hijas e hijos de víctimas de homicidio, y después de gestiones hechas a través del CEDEHM, hoy incluye a hijos e hijas de personas desaparecidas.

Las y los familiares hicieron una serie de propuestas a Javier Corral, en relación con la Fiscalía de Derechos Humanos se solicitó este año inicien los trabajos a las unidades que atenderán desaparición de personas, para lo cual se requiere el nombramiento de la persona titular, y que se consideren en el proyecto de presupuesto de 2018 recursos suficientes para la operación de dicha institución.

Para continuar con el proceso identificación de restos óseos desde el EAAF se propuso la expansión de la comparación genética a restos encontrados en otros lugares, en conjunto con peritos y peritas de la FGE. Asimismo, el EAAF expresó su reconocimiento a la apertura de las autoridades del gobierno de Chihuahua, por su disposición y buen trato para trabajar “como en ninguna parte del país”.

Referente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Chihuahua, las familias de personas desaparecidas, se pidió ampliar los recursos destinados a dicha Comisión, la armonización de la ley local con la ley general, ampliar el apoyo en educación, y un convenio para entrega de apoyos en zonas de difícil acceso a través de vales o tarjetas intercambiables por mercancía en tiendas locales, entre otros.