jueves, 19 de enero de 2017

Relator de personas defensoras de derechos humanos se reúne con organizaciones de la sociedad civil en Chihuahua





Chihuahua, Chih. a 19 de enero de 2017.- En el marco de la visita oficial a México del Relator especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos de la ONU, Michel Forst, el día de ayer visitó la ciudad de Chihuahua con el objetivo de conocer la situación de las personas defensoras de derechos humanos en la región del norte del país.

Durante su visita, acompañado por organizaciones de la sociedad civil, colocó una ofrenda floral en la placa en memoria Marisela Escobedo, defensora de derechos asesinada en las puertas del Palacio de Gobierno en 2010. Asimismo, el relator guardó un minuto de silencio en este lugar, que simboliza la lucha de las personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua y la falta de protección adecuada de las autoridades. Posteriormente, colocó otra ofrenda floral en la Cruz de Clavos (símbolo de la persistente problemática del feminicidio pero también de la impunidad en casos de personas defensoras asesinadas), y ahí mismo pegó un poster con la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos de la ONU (conocida como Declaración sobre las defensoras y defensores de derechos humanos), y con su letra escribió una dedicatoria “en memoria de quienes dieron la vida por los derechos humanos en Chihuahua y, con admiración y aliento para quienes siguen luchando por la verdad, la justicia y la dignidad para todas las personas”.

Después, en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, sostuvo una reunión con defensoras y defensores integrantes de más de once organizaciones de la sociedad civil de la región norte de México, las cuales trabajan con temas diversos, tales como: derechos de los pueblos indígenas, de las personas migrantes, de las mujeres, defensa del medio ambiente, acompañamiento a víctimas de tortura, desaparición y abusos de autoridad, entre otros, dando a  conocer la situación en riesgo en que realizan su labor en defensa de los derechos humanos.

Al finalizar la reunión se entregó un informe donde se expone al Relator los tipos más frecuentes de ataques, agresiones y actos en contra de las personas defensoras de derechos humanos como consecuencia de su labor; sobre el desarrollo y desafíos de la investigación de estos hechos; los obstáculos que existen en los diferentes mecanismos de protección; las posibles causas estructurales que originan el riesgo para las personas defensoras y; diecinueve recomendaciones.

Esta visita es lamentablemente simbólica por el deleznable asesinato de Isidro Baldenegro López, líder indígena con un importante reconocimiento local, nacional e internacional. La visita también es oportuna en tanto puede servir para que las autoridades cumplan con su obligación de protección de personas defensoras y de prevención de futuros ataques. Como es sabido, Chihuahua es el primer estado de la República en contar con una alerta temprana para prevenir agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es la entidad con mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas, el segundo en periodistas asesinados y cuenta con el 30% del total de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de defensores y defensoras en riesgo.

La visita del relator no sólo visibiliza la situación de las personas defensoras en el norte del país, sino que nos da fuerza y esperanza para continuar contribuyendo a un país en el que la verdad, justicia, libertad, igualdad y paz sean una realidad.





martes, 17 de enero de 2017

Comunidad indígena de Chihuahua consigue restitución de tierras al ejecutarse una sentencia en su favor con apoyo de la fuerza pública





·         El pueblo rarámuri de Baqueachi informa que el día de hoy, acompañado por la defensora de derechos humanos Estela Ángeles Mondragón testificarán la ejecución de la sentencia.

·         Sentencia histórica en favor de un pueblo indígena para que sea restituido en sus derechos.

·         Se reconoce la trascendencia del fallo judicial del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Cinco, así como su enfoque de derechos humanos.


El día de hoy, 17 de enero, se ejecutará la sentencia que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Cinco, con sede en la ciudad de Chihuahua, dictó en favor del ejido BAQUEACHI, municipio de Carichí el 30 de octubre del año 2015. Esta resolución judicial se ha logrado gracias a la incansable labor de la defensora Estela Ángeles Mondragón, quien en múltiples ocasiones ha sido amenazada por su asesoría al pueblo rarámuri de Baqueachi, lo que ha significado ganar 32 sentencias que restituyen los derechos de este pueblo.
Este logro para el Ejido de Baqueachi se da a pesar de no contar con los suficientes recursos económicos, de las continuas amenazas y agravios de los invasores, y el alto costo de la vida de nuestro defensor Ernesto Rábago Martínez que fue cruelmente asesinado.
Así es que el día de hoy por fin se ejecutará -con el apoyo de la fuerza pública- la sentencia que dictó el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Cinco, misma que es ya firme e inatacable, y condena a Luis Armando Olivas Muñoz a que desocupe y entregue en favor del ejido BAQUEACHI, municipio de Carichí, Chihuahua las superficies que detenta por encontrarse dentro de las tierras que pertenecen a la comunidad, con todos sus usos y accesiones que allí se encuentren, toda vez que no tiene derecho a usufructuar tales terrenos cuya titularidad le corresponde a los Baquéachi; además se le condena al desalojo del ganado que tenga pastando dentro de la superficie invadida. Por tanto se reconoce a los legítimos y verdaderos dueños del territorio: la comunidad indígena de BAKEACHI.
 Con esta alegría les compartimos este logro, agradeciendo de corazón a:
-          Onorúame (al Dios que es Padre) que nos ha enviado gente de bien y nos da fuerza en el corazón para seguir cuidando el territorio.
-          A las autoridades indígenas que han trabajado sin descanso en este proceso, tanto a los que hoy nos acompañan como a los que ya se fueron.
-          A las autoridades de los tribunales que han sido justos y sabios al dar su sentencia basados en la verdad, la justicia y el derecho.
-          A quienes han apoyado esta lucha donde quiera que estén.

Información adicional
v             Desde tiempos inmemoriales nuestra comunidad indígena rarámuri ha trabajado con mucho amor y decisión por cuidar y defender el territorio. Hace 89 años que nos dotaron de 44,784-00-00 (cuarenta y cuatro mil setecientas ochenta y cuatro) hectáreas, ya como ejido seguimos esta defensa y este cuidado.

v  Durante más de 80 años hemos tenido diversas invasiones que han empobrecido nuestra tierra: los invasores metieron ganado que se ha ido acabando los pastizales, nuestra agua; se habían apoderado de nuestras mejores tierras de siembra, se ha fragilizado nuestra paz comunitaria.



¡WARU MATETERA BA!  
 (MUCHAS GRACIAS)


viernes, 16 de diciembre de 2016

A 6 años del asesinato impune de Marisela Escobedo

Chihuahua, Chih., 16 de diciembre de 2016.- En el marco del sexto aniversario del asesinato de Marisela Escobedo, las organizaciones que suscribimos la presente recordamos:

Que Marisela Escobedo fue una defensora de derechos humanos a quien le arrebataron su vida por exigir justicia, verdad y reparación por el asesinato de su hija Rubí y que fue víctima de la incompetencia del Estado para garantizar su vida e integridad.

Que el caso se mantiene en total impunidad. Nadie ha sido castigado por el asesinato de Marisela Escobedo y las evidencias que existen en el expediente y que señalan al autor material del homicidio, no han avanzado.

No existe ninguna investigación penal abierta por la serie de amenazas y agresiones que llevaron a la familia de Marisela a solicitar asilo político en el extranjero.

Que la recomendación 44/2013 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 28 de octubre de 2013 y dirigida al Gobierno del Estado de Chihuahua permanece sin ser cumplida a cabalidad.

Que el caso de Marisela Escobedo, se suma a más de una decena de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en el Estado de Chihuahua, lo cual ubica a la entidad en el lugar número 1 en este tipo de agresiones contra este colectivo, de conformidad con lo señalado por la CNDH en su Recomendación General 25/2016.

Demandamos medidas efectivas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua.

Demandamos una investigación exhaustiva, imparcial y oficiosa del crimen de Marisela Escobedo y de todos los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos que permanecen en la impunidad, así como otras agresiones y amenazas en contra de colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

Demandamos que se implementen las medidas de protección necesarias para que las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Chihuahua puedan ejercer su labor en plenas condiciones de seguridad.

Reivindicamos la lucha de Marisela Escobedo quien dio su vida con la esperanza de que el feminicidio de su hija fuera el último en este Estado.


Alejandra Nuño Ruíz-Velasco
Angélica Nadurille Álvarez 
Angélica de la Peña Gómez
Claudia Alonso Pesado
Claudia Castello Rebollar
Claudia Sofía Corichi García
Dora Maria Talamante Lemas
Elizabeth Avila Carrancio
Gabriela Delgado Ballesteros
Gloria Careaga Pérez
Gloria Ramírez 
Juan Carlos Solís
María Beatriz Cosio Nava 
María del Carmen Alanis
María Fernanda Rodríguez Calva
Martha Lucía Mícher Camarena
Milagros del Pilar Herrero Buchanan
Nithia Castorena Castorena
Norma Reyes Terán
Patricia Olamendi
Refugio Esther Morales Pérez
Rosario Guerra

Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)                                                                                         Asociación Internacional de Educadores por La Paz
Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM 
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Colectiva Ciudad y Género, A.C.
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Cosyddhac)
Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, A.C. 
El Barzón Chihuahua
Ecos de Mirabal
Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Grupo de Abogadas Demócratas
Grupo Feminista 8 de marzo
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Hij@s de la Luna
Justicia para Nuestras Hijas, A.C.
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Mukira, A.C.
Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)
Poiesis S.C. 
Red de profesoras e Investigadoras de Derechos Humanos de México
Red Plural de Mujeres de Zacatecas
Red por la Participación Ciudadana, A.C.
Spatium Libertas, A.C.
Transforma, A.C.
Uno de Siete Migrando A.C.
Vanguardia De Mujeres De Ixtapaluca
Wikipolítica nodo Chihuahua



viernes, 9 de diciembre de 2016

Organizaciones de la sociedad civil entregan propuesta para la creación de Fiscalía de Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el estado de Chihuahua

Chihuahua, Chih., 9 de diciembre de 2016.- Ayer por la tarde 26 organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas violaciones sistemáticas a derechos humanos, entregaron al gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado y a otras autoridades, el proyecto de decreto para la creación de la Fiscalía de Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos que plantea un modelo que no tiene precedentes en el país.

Con la asesoría y acompañamiento del Doctor Pedro Díaz Romero, experto internacional en investigación de violaciones de derechos humanos, actualmente Fiscal de Justicia Transicional en Colombia con licencia,  se construyó el diseño de un modelo para investigar crímenes de sistema que consideren el análisis de contexto, la identificación de estructuras y patrones de criminalidad y, basado en la priorización de casos como una política criminal.

Experiencias similares en el mundo se conocen en Guatemala y Colombia, donde las fiscalías de derechos humanos, sin sustituir a las diferentes agencias y unidades, concentran casos que por la sistematicidad del delito, las características de las víctimas o el contexto se investigan, no solo de manera aislada sino conjunta para avanzar en la determinación de las estructuras criminales y/o estatales involucradas y, que contribuya al avance de los demás asuntos que no conocen estas fiscalías.

Este modelo de investigación ubica a las víctimas, sus familiares y representantes en un papel fundamental y busca la re dignificación de las personas, la conservación de la memoria y el derecho a la verdad en su dimensión colectiva.

La Fiscalía tendrá una implementación paulatina y se planea dar inicio con la Unidad de personas desaparecidas por la complejidad y gravedad de este crimen en la entidad, con un enfoque especial en búsqueda y localización.

Las organizaciones solicitaron que la propuesta sea presentada por el Ejecutivo como iniciativa preferente y que se siga garantizando la participación de las organizaciones, víctimas y expertos internacionales.

Luego de que se reformen los artículos 1, 2, 3 y 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para incluir la Fiscalía de Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos, se deberá de crear su reglamento, selección y capacitación especializada al personal que la operará.


Al finalizar el evento, Javier Corral señaló que tomará la iniciativa integra y la presentará a la brevedad al Congreso del Estado.´



lunes, 5 de diciembre de 2016

Audiencia sobre Desaparición de Personas en México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Audiencia sobre Desaparición de Personas en México
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
159 Periodo de Sesiones
Panamá, 5 de diciembre de 2016
 

El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos observa con preocupación que las desapariciones de personas continúan en aumento, y la mayoría permanecen en una situación de impunidad. A pesar de los avances anunciados por el Estado mexicano, no contamos con estructuras operativas que garanticen la búsqueda de personas desaparecidas. En el mejor de los casos los esfuerzos de algunos servidores públicos no encuentran eco en el compromiso del Estado en su conjunto para enfrentar las desapariciones en el país. Persisten deficiencias estructurales en la búsqueda e investigación de las desapariciones forzadas y por particulares que van desde la falta de recursos suficientes y personal especializado, hasta actitudes de servidores públicos que continúan optando por estigmatizar y criminalizar a las víctimas para evadir su responsabilidad de iniciar la búsqueda inmediata y la investigación.
A pesar de los diversos foros y diálogos que el Movimiento ha sostenido con el Gobierno Federal y el Senado de la República, después de más de año y medio, no tenemos una Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares que cree las bases para una búsqueda y una investigación eficaces. Preocupa además que a la aprobación de la Ley General de Desaparición le siga la creación de Instituto Autónomo Forense y una reforma profunda a la procuración de justicia de donde surja la nueva Fiscalía que sea capaz de atajar los altos índices de impunidad y particularmente las graves violaciones a derechos humanos y los casos graves de corrupción que azotan el país. De otro modo las investigaciones seguirán siendo ineficaces.
La falta de una respuesta eficaz a la fecha, ha llevado a que los familiares de personas desaparecidas, movidos por la necesidad de saber el paradero de su familiar y frente a la negligencia de las autoridades, emprendan acciones de búsqueda e investigación por su propia cuenta en contextos de alto riesgo. La ausencia de medidas de protección para los familiares profundiza su vulnerabilidad frente a casos que involucran organizaciones de la delincuencia organizada. En este sentido, lamentamos el asesinato del Señor José Jesús Jiménez Gaona, quien buscaba a su hija desaparecida desde 2011 y era integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, que murió al ser atacado con disparos en Poza Rica, Veracruz, el pasado 22 de junio. Como consecuencia del ataque, su esposa Francisca Vázquez Mendoza fue gravemente herida.
La presente audiencia tiene como objetivo presentar las actuales preocupaciones sobre búsqueda e investigación, en un largo proceso del cual la CIDH tiene ya amplio conocimiento. De este modo sólo nos enfocaremos en los siguientes aspectos: el proceso de dictaminación de la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares ante el Senado de la República, la impunidad persistente y la necesidad de contar con una Fiscalía realmente autónoma que permita romper los ciclos de la impunidad y los efectos de la corrupción; y los riesgos que enfrentan los familiares de personas desaparecidas en el contexto de las brigadas nacionales de búsqueda.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México presenta en esta audiencia estos cinco petitorios:
  1. El compromiso del Estado para transitar a un método de dictaminación de la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares, que permita la retroalimentación de propuestas, dote de un ritmo más acelerado de trabajo y acuerdo, donde participe a la par el Senado, el Ejecutivo y los representantes de los colectivos agrupados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
  2. El compromiso del Estado mexicano por coordinar esquemas de protección de familiares de personas desaparecidas, en riesgo, y particularmente de manera preventiva en el contexto de las Brigadas Nacionales de Búsqueda.
  3. El compromiso del Estado mexicano para que en diálogo con este Movimiento, entable lo más pronto posible, convenios con organismos forenses especializados (como el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Comisión Internacional de Personas No Localizadas ICMP, entre otros) y que en el marco de un plan nacional de exhumación e identificación de personas, se agilicen los esfuerzos por procesar las fosas clandestinas y comunes del país, y la identificación de cuerpos sin nombre a un ritmo de al menos 14 mil al año, como lo demuestra la experiencia internacional.
  4. El compromiso del Estado mexicano por iniciar con las organizaciones de la sociedad civil, incluido este Movimiento, un diálogo serio sobre un Instituto Autónomo Forense y las características que debe tener la nueva Fiscalía General de la República y su Fiscal, cuyos resultados consensados sean materia para una reforma legislativa.
  5. El compromiso de la CIDH y del Estado mexicano de que el Mecanismo de Seguimiento a las Recomendaciones sobre el Caso Ayotzinapa de la CIDH, en virtud de las recomendaciones estructurales del GIEI, dé seguimiento a estos petitorios.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México considera que los esfuerzos del Estado mexicano por alcanzar el estado de derecho, hoy deben ser acompañados de manera cercana por los organismos regionales e internacionales de derechos humanos para superar los obstáculos que, de otra manera, la experiencia nos ha demostrado que no es posible.
Confiamos que el escrutinio internacional fortalece las voces de los familiares de personas desaparecidas que continúan buscando verdad y justicia, y luchando por el derecho de que sus familiares sean buscados, y en el caso de haber fallecido, enterrarlos dignamente.

Aquí puedes ver el documento completo de la audiencia:
http://sinlasfamiliasno.org/audiencia-desaparicion-forzada/

Aquí pueden descargar algunas fotos

Para más información escriba a info@sinlasfamiliasno.org
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México
Colectivos de Familiares de México y CA: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES (Nuevo León); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz; Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo el Solecito de Veracruz; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” COFADDEM (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes "Junax Ko'otontik" (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familiares de Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Familiares Enlaces Xalapa (Veracruz);Familiares de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de  las Mujeres (CEDHEM) (Chihuahua); Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Familiares Enlaces Xalapa (Veracruz); Frente de Víctimas del Estado de Morelos (Morelos); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Personas Migrantes Desaparecidas de Guatemala; Plataforma de Víctimas de Desaparición en México (Distrito Federal); Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos; Red Nacional de Enlaces; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C.; Voces Unidas por la Vida, Sinaloa.

Organizaciones de la Sociedad Civil de México, CA y EUA y asesores que han participado en el proceso de la Ley.

jueves, 24 de noviembre de 2016

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres lanza la campaña “Rompe el silencio”

Chihuahua, Chih. 24 de noviembre de 2016.- En el marco de la  conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencias contra las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos (CEDEHM) lanza la campaña “Rompe el silencio”, con el objetivo identificar las violencias invisibles de género.

Esta campaña tiene como parte central tres videos, que surgen de más de tres años de trabajo con grupos de reflexión para mujeres que han vivido violencia de parte de sus parejas y expareja.

Estos grupos, dirigidos a que las  mujeres compartan experiencias personales que las ayuden a identificar la violencia, a recuperarse de sus efectos y a prevenirla a futuro, tienen lugar en CEDEHM, como parte del abordaje integral que éste les ofrece a las mujeres que acuden a solicitar ayuda. Estos grupos son facilitados por psicólogas expertas en violencia familiar y de género.

En inicio las mujeres que llegan al grupo no saben distinguir la violencia, o al menos no saben nombrarla como tal. Conforme transcurren las sesiones, gracias a las reflexiones sobre derechos humanos, género, feminismo y violencia, son capaces de distinguir la violencia, de saber que no es normal y que tienen derecho a una vida diferente, mejor. Algunas de ellas comentaban cómo había sido que habían tenido contacto primera vez con la posibilidad de terminar con la violencia. Más adelante, relataban también qué fue lo que les ayudó y lo que no durante su trayecto a una vida libre de violencia.

De estas experiencias surgió la idea de realizar materiales que pudieran ayudar a las mujeres en tres momentos diferentes, y cada uno de estos videos intenta cubrir uno de ellos utilizando las frases que normalmente usan tanto las mujeres como la sociedad en general y que expresan los pensamientos más recurrentes al respecto del tema y momento específico.

Así en el primer video, se escucha una voz relatando lo que piensan las mujeres cuando comienzan a sufrir violencia. Qué situaciones les tocó vivir y que en el momento, creían que eran normales. El segundo video, en el mismo formato, enlista lo que la gente suele decirles a las mujeres en esta situación, y que contribuye a que para ellas sea complicado ponerle fin a una relación de este tipo. Finalmente el tercer video, ofrece un mensaje de esperanza e incita a las mujeres a buscar la ayuda que necesitan en las organizaciones e instituciones destinadas al respecto.

Los videos están disponibles en la liga: www.youtube.com/user/cedehm



La desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado será analizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos






Chihuahua, Chih., 24 de noviembre de 2016. El pasado 22 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre el sometimiento del caso de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado mexicano incumplió con las cinco recomendaciones emitidas en el caso.

De acuerdo con el comunicado de la CIDH, “El caso se relaciona con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales [militares], en el Ejido Benito Juárez, Estado de Chihuahua, México, desde el 29 de diciembre de 2009. A la fecha, se desconoce el destino o paradero de las tres víctimas desaparecidas.” Asimismo, según explica la Comisión Interamericana, “El caso también se relaciona con la situación de impunidad en que se encuentran las tres desapariciones. La aplicación de la justicia militar a este caso resultó violatoria del derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia.”

Este anuncio, en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre, es fundamental por diversos motivos. Primero, porque la CIDH escuchó las solicitudes de las y los familiares de Nitza, Rocío y José Ángel para que el caso fuera enviado a la Corte Interamericana dada la incapacidad del Estado mexicano de brindar una atención adecuada. En segundo lugar, porque el caso se relaciona con una de las violaciones de derechos humanos más complejas y múltiples cometida en contra de dos mujeres y un hombre. En este 25 de noviembre, recordamos a todas las personas desaparecidas, en especial a todas las niñas y mujeres que se encuentran en esa situación.

Al haber sometido el caso Alvarado a la Corte Interamericana, la CIDH ha reconocido la valentía, la persistencia, el sufrimiento y el riesgo en que han vivido los familiares de Nitza, Rocío y José Ángel, quienes han sido amenazados/as, desplazados forzadamente y algunos/as de ellos han tenido que solicitar asilo en Estados Unidos. Por tal motivo, tanto las víctimas desaparecidas como los y los familiares cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2010.

En su comunicado, la CIDH reconoció la importancia del caso en tanto “constituye el primero en cuanto a la desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México. En ese sentido, la relevancia del caso obedece a que se trata de una problemática actual que ha venido en aumento en los últimos años y que ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de profunda preocupación por parte de la Comisión y de múltiples organismos internacionales y mandatos especiales en el ámbito de las Naciones Unidas. Los hechos del caso constituyen un ejemplo de los factores que contribuyen a que esta grave violación de derechos humanos tenga lugar en dicho contexto y que no sea debidamente investigada y sancionada como consecuencia de múltiples mecanismos de encubrimiento y obstrucción. Asimismo, el caso ofrece a la Corte Interamericana la posibilidad de pronunciarse sobre otras violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que sufren los núcleos familiares de las víctimas desaparecidas.”

De manera adicional, y en el marco de las discusiones en el Congreso de la Unión sobre el marco jurídico relativo al rol de las Fuerzas Armadas en México, este caso recuerda las graves violaciones de derechos humanos que ha tenido el actuar del ejército en nuestro país y la urgencia de suprimir sus funciones en la seguridad pública: de los siete casos con sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana, cuatro de ellos tienen que ver con la actuación de las Fuerzas Armadas, especialmente en la comisión de torturas y desapariciones forzadas.

A casi siete años de que se dieron los hechos, las y los familiares de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado y las organizaciones que les acompañamos esperamos que este caso sirva no solo para obtener una reparación integral sino para que se adopten medidas estructurales que impacten en los más de 28,000 casos de personas desaparecidas para que, de una vez por todas, se erradique esta práctica aterradora, extendida y tortuosa, y que la verdad, justicia y reparación se garanticen en todos esos casos.



El comunicado de la CIDH se encuentra disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/173.asp