martes, 24 de abril de 2018

Por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará a México por desaparición forzada de personas dentro de la fallida estrategia de seguridad militarizada


·         La desaparición forzada se dio en el marco de la fallida estrategia de los Operativos Conjuntos implementados por la administración de Felipe Calderón, con un saldo de miles de violaciones a derechos humanos

·         Después de la desaparición de las víctimas se iniciaron más de 10 investigaciones en diferentes instancias sin resultado alguno

·         El caso representa una oportunidad histórica para el proceso de memoria, verdad, justicia confiable y reparación integral a favor de todas las personas desaparecidas en México y sus familiares



San José, Costa Rica / Chihuahua, México, 24 de abril de 2018.- Los próximos 26 y 27 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) escuchará los testimonios de dos integrantes de la familia de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, familiares entre sí, desaparecidos en el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua el 29 de diciembre de 2009 por elementos del ejército mexicano.

Este hecho ocurrió en el marco de la “Guerra contra el narcotráfico” estrategia que privilegia la participación de las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública y que ha continuado hasta la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Con la implementación de Operativos Conjuntos en diferentes estados del país, Chihuahua llegó a ser el estado más violento en México en 2010, con una tasa de 110 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Después de la desaparición, 12 instancias nacionales e internacionales han conocido del caso, entre ellas: la Fiscalía General del Estado, diversas áreas de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y aún la jurisdicción militar. La exigencia de justicia y de conocer el paradero de sus seres queridos ha traído amenazas para las familias en varias ocasiones y les ha llevado a desplazarse forzadamente, actualmente algunas de ellas están en proceso de asilo político en Estados Unidos.

Este caso demuestra lo que viven diariamente miles de familiares de personas desaparecidas en México: nunca hubo acciones de búsqueda inmediatas ni efectivas que estuvieran encaminadas a encontrar con vida a las personas desaparecidas; tampoco ha habido una investigación encaminada a determinar la responsabilidad por la desaparición. Contrariamente,  el manejo de la investigación constituyó en sí mismo un obstáculo para el acceso a la justicia y en múltiples ocasiones se quiso colocar la responsabilidad del avance de las investigaciones a la familia. Por tanto, esta será  la primera ocasión que la CoIDH recibe un caso en el marco actual de las desapariciones en México, cifra que según datos oficiales asciende a 35,000 personas reconocidas como desaparecidas de 2007 a la fecha.

En junio de 2011 las familias presentaron la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Después de 8 años de que las familias de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel han exigido justicia y  han buscado a sus seres queridos de forma desesperada,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá el caso,  producto del incumplimiento del Estado mexicano sobre las recomendaciones realizadas por CIDH, instancia que determinó que en este caso, el Estado mexicano era responsable por su desaparición forzada y por tanto recomendó a México investigar los hechos con la debida diligencia, buscar a las víctimas desaparecidas y sancionar a los responsables. Adicionalmente, determinó la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos de familiares derivadas de amenazas y hostigamientos en su contra y solicitó que el Estado mexicano adopte una serie de medidas de reparación y de no repetición de los hechos.

El caso fue sometido por la CIDH el 9 de noviembre de 2016 y ya ha terminado la fase escrita del mismo. Durante la audiencia pública ante la CoIDH declararán seis personas, se aportarán testimonios y argumentos para demostrar la responsabilidad del ejército, la omisión de las autoridades en la búsqueda y en las investigaciones y la falta de protección a las y los familiares. Asimismo, se presentarán periciales por parte de las víctimas, el Estado y la CIDH.

Para las y los familiares de este caso, la sentencia que se emita de esta audiencia será un reconocimiento a su lucha y a la de miles de familias que exigen medidas adecuadas y proporcionales a la problemática de la desaparición en México.

Las organizaciones que representamos, integradas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y Mexicanos/as en el Exilio esperamos que esta sentencia profundice en las consecuencias negativas de la militarización como estrategia para la lucha contra la delincuencia organizada, aborde la problemática del desplazamiento forzado en México que se expande cada vez en el país sin el reconocimiento ni las políticas adecuadas y también dé cuenta de todos los obstáculos y riesgos que tienen que pasar las familias para encontrar a sus seres queridos y obtener justicia en el caso.

Finalmente en el marco de la política implementada en México en los últimos dos sexenios, esta sentencia puede determinar que la Ley de Seguridad Interior viola tratados de derechos humanos que México ha ratificado. De igual manera, la sentencia puede sumarse a los múltiples pronunciamientos de la sociedad civil, e instancias locales, nacionales e internacionales de derechos humanos. Sin duda, la sentencia puede servir para los países de todo el continente donde se está discutiendo la militarización de la seguridad.

Sigue la audiencia del caso por streaming en:  http://www.corteidh.or.cr

lunes, 12 de marzo de 2018

EL EJERCICIO DE LA JUSTICIA CONTRA DUARTE Y SUS CÓMPLICES PUEDE SER IMPEDIDO POR UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL A MODO





Chihuahua, Chih a 12 de marzo de 2018.- La impunidad se podría reinstalar en Chihuahua, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena la sustitución del actual Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Chihuahua, por el consejo que se integró a escasas dos semanas de la salida de César Duarte del gobierno, con magistrados impuestos y sometidos a él.

Esto se da en un contexto caracterizado por la intensa y sólida labor del gobierno de Javier Corral por combatir la corrupción y la impunidad. Mediante una minuciosa y bien fundamentada acción legal contra César Duarte y sus cómplices, ha logrado la integración de cuatro decenas de expedientes judiciales, la liberación de órdenes de aprehensión, la vinculación a proceso y la detención de altos funcionarios del duartismo, así como el que la Interpol haya elaborado una “ficha roja” contra el ex gobernador y la Secretaría de Gobernación se haya comprometido a que la Fiscalía General del Estado sea coadyuvante en la solicitud de extradición de Duarte ante el gobierno de los Estados Unidos.

Todo esto ha sido posible por la labor de profesionalización y depuración del Poder Judicial que arranca con la conformación del actual Consejo de la Judicatura en mayo de 2017. Gracias a ello se ha garantizado un manejo imparcial, escrupulosamente apegado a derecho, en mano de jueces honestos y competentes, quienes han conducido impecablemente los diferentes casos de corrupción del duartismo.

Sin embargo, el Gobierno Federal ha hecho todo lo posible por bloquear la acción de la justicia chihuahuense: la PGR le ha dado largas a la solicitud de extradición de Duarte a pesar de haberse comprometido a incluir a la Fiscalía de Chihuahua como coadyuvante; luego que no pudo impedir la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, y su posterior reclusión en Chihuahua, señaló que había sido sometido a tortura. Esta acusación se ha desmoronado cuando un perito internacional habiendo aplicado el Protocolo de Estambul, dictamina que Gutiérrez no ha sido sometido a ningún tipo de tortura.

En su desesperación por impedir que prosigan la investigación y el juicio contra Alejandro Gutiérrez, que develan todo el sistema de corrupción manejado desde la cúpula del PRI y del gabinete de Peña Nieto, el régimen de éste puede llegar al colmo de la manipulación de las instituciones valiéndose de la Suprema Corte de Justicia y para esto , se aprovechan de la Controversia Constitucional 179/2017 promovida por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua presentada por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de nuestro estado, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política local y la Controversia Constitucional 150/2016 promovida por el Magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes en forma individual, sin tener facultades (quien por cierto, enfrenta varios procesos legales penales por corrupción , en su ejercicio como Presidente del Poder Judicial).

 Tanto en el turno en que se atienden como en el contenido de la respuesta a dichas controversias puede observarse la intención de trastocar el órgano que ha venido administrando la justicia demandada por el pueblo de Chihuahua para los muchos casos de corrupción de César Duarte y sus cómplices.

Por una parte, ambas controversias, hasta hace muy poco tiempo figuraban más abajo del centésimo turno en la lista de asuntos a ser resueltos por la SCJN de pronto y de manera inexplicable, son colocados en los turnos dos y tres para ser resueltos esta semana.

Por otra parte, y esto es lo más grave, de acuerdo al proyecto de resolución presentado por el ministro  ponente y que será resuelto en durante la semana por el pleno de los 11 ministros y ministras de la SCJN, no sólo no se responde a la solicitud del Poder Judicial del Estado de Chihuahua en el sentido de precisar las facultades del Consejo de la Judicatura de dicho poder, sino que se ordena que los cinco integrantes de dicho consejo sean removidos y en su lugar sean repuestos los cuatro que formaban parte del consejo que se nombró bajo la influencia de César Duarte, más dos que designe el Legislativo y uno propuesto por el Ejecutivo. Hay que aclarar que ese consejo de siete miembros nunca realmente se integró, pues sólo el Judicial nombró a sus representantes y ni el Ejecutivo ni el Legislativo nombraron a los de ellos.

El actual Consejo de la Judicatura del Estado ha sido integrado por el propio presidente del Poder Judicial Decano de los Magistrados y  dos magistrados de este poder, con amplia y reconocida trayectoria de carrera judicial por más de veinte años,  ninguno de ellos impuesto o designado por Duarte; además de una Consejera  apoyada por 35 organizaciones sociales de la sociedad civil y propuesta por el Ejecutivo y un consejero con el reconocimiento de todas las barras y colegios de abogados, cámaras empresariales y electo por mayoría calificada del Congreso del Estado.

Este Consejo de la Judicatura: ha emprendido una labor de profesionalización del Poder Judicial del Estado. Ha iniciado procesos contra la corrupción imperante en él, entre ellos, el juicio de procedencia contra el ex presidente y magistrado, Gabriel Sepúlveda, por los enormes fraudes en la construcción de la Ciudad Judicial. Ha iniciado también un proceso para someter a examen a todos los jueces y magistrados, que en buena parte fueron designados por César Duarte. Dicho examen está siendo elaborado por la Universidad Iberoamericana y será aplicado por diversas  instituciones de educación superior del estado.

Las consecuencias de que la Corte resuelva en el sentido del proyecto del Ministro ponente y restituye al Consejo de la Judicatura formado por Duarte son muy graves:

1.    Se vuelve a poner el Poder Judicial del Estado y en especial al Consejo de la Judicatura en manos de magistrados sin carrera judicial, colocados ahí por la sola voluntad de César Duarte.
2.    Una vez que ellos se hagan del control del Poder Judicial, ellos mismos serán quienes vigilen el manejo de los asuntos relacionados con las denuncias de corrupción de quien los elevó a ese puesto, es decir, César Duarte. Y tendrán la facultad de remover a los jueces de la causa, de promover acciones disciplinarias contra los que no se apeguen a sus instrucciones y criterios.
3.    Todo esto redundará de manera inmediata en la lenidad y falta de contundencia en contra de la corrupción que imperó en los poderes Ejecutivo y Judicial durante el sexenio de César Duarte y lo más probable es que desemboque en que los imputados por estos casos actualmente puedan seguir su proceso en libertad y, peor aún, que el resultado final de todo esto sea la exoneración total de César Duarte y quienes colaboraron con él a saquear al estado de Chihuahua.
4.    Además, se detendrá el proceso actual de depuración y de profesionalización del Poder Judicial del estado de Chihuahua y se tomarán represalias contra los jueces y magistrados que han obrado con estricto apego a derecho, que no se han sometido a los personeros de César Duarte.
5.    El perjuicio no sólo será para el pueblo de Chihuahua, sino para todo México ya que, como se ha demostrado, el caso Duarte demuestra las implicaciones y las complicidades del pacto de corrupción e impunidad en el que han participado la dirigencia nacional del PRI y el propio gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que cuando se discutan las controversias constitucionales presentadas por el Poder Judicial del estado de Chihuahua se atengan estrictamente a las peticiones solicitadas,  apegándose a derecho e impidan que el Poder Judicial de nuestro estado vuelva otra vez a ser rehén de quien durante seis años no tuvo empacho en violentar la división de poderes para salvaguardar sus negocios personales. Resolver en el sentido del proyecto del Ministro Ponente sería terminar con la dignidad de un poder que trabajosamente se reconstruye luego de haber estado sometido a la lógica del autoritarismo y de la corrupción.

Hacemos un llamado a la ciudadanía a dar seguimiento a la sesión en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en: https://www.scjn.gob.mx/transmision-en-vivo

Abogadas y abogados:
Asociación Chihuahuense de Abogados
Colegio de Abogados, A.C.
Grupo de Abogadas Demócratas

Empresarios:
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)
Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C. (DESEC)

Organizaciones:
Alianza Ciudadana por Chihuahua
Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)
Asociación Chihuahuense de Abogados
Bowerasa, A.C. Haciendo Camino
Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Intervención en crisis Alma Calma, A.C.
Círculo de Estudios de Género, A.C.
Colectiva Rosa de Luxemburgo
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
El Barzón Chihuahua
Fátima I.B.P.
Grupo El Camino
Grupo Feminista 8 de Marzo, A.C.
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Justicia para Nuestras Hijas, A.C. (JPNH)
Kakúm Colectiva
Instituto de Psicología Forense, S.C.
Instituto Regional de Estudios de la Familia, A.C. (IREFAM)
Movimiento Igualitario LGBTTTI Chihuahuense
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas, A.C.
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)
Organización Popular Independiente 
Programa Compañeros
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (PRODESC) 
Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, A.C.
Red por la Participación Ciudadana, A.C.
Sin Violencia, A.C.
Tertulianas Feministas Chihuahuenses
Transforma A.C.
Ventanas de Esperanza, A.C.

Personas:
Alberto Rodríguez, Alejandra E. Marín, Amelia Gutiérrez Quijano, Beatriz Rodríguez, Carlota Mendoza Flores, David Lauer, Kiriaki Orpinel, Jerónimo Ernesto Rodríguez Uranga, Luisa Fernanda Rodríguez Uranga, María del Lourdes Parra Contreras, Mercedes Fernández, Paibe González Guerrero, Teresa Camou Guerrero, Yadira Cantú Solís, Ximena Camou Guerrero



sábado, 24 de febrero de 2018

AUTORIDADES PRETENDEN MEDIAR ENTRE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DEPREDADORES DE RECURSOS NATURALES




Chihuahua, Chih. a 24 de febrero de 2018.- El día de ayer se realizó una reunión entre autoridades federales, estatales y organizaciones de la sociedad civil, para revisar casos concretos en materia agrario-ambiental en los que existen flagrantes violaciones a derechos humanos. Estas reuniones se han sostenido desde abril del año pasado, por acuerdo de la Subsercretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

A la reunión asistieron, por iniciativa de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua, el grupo de personas que ostentan títulos apócrifos y quienes son responsables de la sobreexplotación ilegal de la Cuenca Hidrológica Del Río del Carmen que se encuentra en veda por decreto Presidencial, uno de los temas que ha intentando solucionarse pues es incuestionable el daño al medio ambiente.

Ante la posibilidad de un intento de mediación o negociación, con quienes abierta e impunemente agotan el recurso hídrico en perjuicio principalmente de pequeños y medianos productores y que representa un daño irreparable para la entidad; las organizaciones nos opusimos a sentarnos con estas personas en la mesa quienes además, enfrentan procesos penales por delitos contra el medio ambiente. 

Esta ocasión, la reunión de casos concretos, se programó para que coincidiera con la revisión del Plan de Contingencia derivado de la alerta de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en donde existen acciones encaminadas a prevenir agresiones, resolver la fuente del riesgo y fomentar el reconocimiento y legitimidad de la labor de defensa. 

Resulta totalmente contradictorio, que en el marco de acciones que buscan la protección y el reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos, se fomenten acciones que pretendan mediar o negociar violaciones a derechos humanos, lo cual rechazamos categóricamente y exigimos, sin regateo, que las autoridades de todos los niveles cumplan con su obligación de protección del medio ambiente. 

Reprobamos que desde la Secretaría General de Gobierno se propicien situaciones como las de ayer, que derivó en una nota publicada en ráfagas el día de hoy, espacio utilizado para difundir información dolosamente falsa, denostando nuestra labor y con claras intenciones de manipular la opinión pública para favorecer intereses particulares.


Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)
Bowerasa, A.C. Haciendo Camino
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
Ecos de Mirabal
El Barzón Chihuahua
Fátima I.B.P.
Grupo Abogadas Demócratas 
Mujeres Barzonistas
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A.C. (UCD Chihuahua)

sábado, 17 de febrero de 2018

OSC PRESENTAN QUEJA CONTRA CONSEJERO DEL COMITÉ CIUDADANO ANTICORRUPCIÓN JOAQUÍN GILBERTO TREVIÑO ANTE CONAPRED Y CEDH


  • Representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaron quejas contra el  ingeniero Joaquín Treviño Dávila ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por utilizar lenguaje homofóbico y discriminatorio durante el proceso donde lo eligieron presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
  • Piden que dicha conducta sea sancionada porque implica el uso de lenguaje discriminatorio al pronunciar un discurso homofóbico y discriminatorio.
  • El comentario que hizo Treviño Dávila y que ha alcanzado niveles de escándalo incluso a nivel internacional, dice textualmente: “¡Ah! Pero están muy preocupados en emitir leyes de a ver cómo le hacen para quitarle el nombre y el apellido al acta de nacimiento o cómo le hacen para casarse entre maricones, o qué sé yo, ¿verdad?”

Chihuahua, Chih. a 17 de febrero de 2018.- Las y los representantes de las organizaciones denunciantes califican el discurso como peyorativo, tendiente a ser una diferenciación que implica un trato de inferioridad, y un discurso de intolerancia, odio y homofobia hacia personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual.

Afirman que el discurso de Treviño Dávila vulnera el principio de igualdad y no discriminación contemplado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 2, 3 del Pacto Internacional de Derechos Políticos, Económicos y Culturales; el artículo 1, 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; así como los artículos 1,2, 20 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En la narrativa de hechos, las y los denunciantes recuerdan que como parte de la integración del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, con fecha 16 de enero del año 2018, entró en funciones la Comisión de Selección para la designación de las personas miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de conformidad con el artículo 18 fracción II de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

La Comisión de Selección emitió una convocatoria con el objeto de realizar una amplia consulta pública dirigida a la sociedad en general,  para que presentaran sus postulaciones de aspirantes  a  ocupar el cargo en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

El proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua fue integrado por 9 personas selectas por el Congreso del Estado de Chihuahua, dividiendo el proceso en 3 etapas, mismas que se desarrollaron durante el periodo comprendido del 07 siete al 14 catorce de febrero del año 2018.

Dentro de las y los 5 ciudadanos seleccionados en el proceso de integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, se eligió al Ing. Joaquín Gilberto Treviño Dávila.

Con fecha 10 de febrero del año 2018, en una de las entrevistas realizadas durante el proceso de selección del Comité, mismas que fueron video grabadas y públicas para garantizar la transparencia en el proceso a través de la página de la red social Facebook con la dirección https://www.facebook.com/congresochihuahua/ y diversos medios de comunicación, Treviño Dávila hizo el comentario homofóbico y discriminado que las y los representantes de las organizaciones están denunciando.

Las organizaciones denunciantes son: Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), Bowerasa A.C. Haciendo Camino, Centro de Atención a la Mujer Trabajadora A.C. (CAMT), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), Cheros A.C., Círculo de Estudios de Género A.C., Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC), Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC), Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. (DHIA), Ecos de Mirabal, El Barzón Chihuahua, Fátima I.B.P., Grupo Abogadas Demócratas, Grupo Feminista 8 de Marzo, Justicia para Nuestras Hijas A.C. (JPNH), Kakúm Colectiva, Mujeres Barzonistas, Mujeres por México en Chihuahua A.C., Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez A.C., Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos A. C. (UCD Chihuahua) y Uno de Siete Migrando A.C.


viernes, 16 de febrero de 2018

PRESENTAN QUEJA CONTRA CONSEJERO DEL COMITÉ CIUDADANO ANTICORRUPCIÓN JOAQUÍN GILBERTO TREVIÑO ANTE EL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN





Chihuahua, Chihuahua a 16 de febrero de 2018.- Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) queja contra Joaquín Gilberto Treviño Dávila, consejero del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. 

El documento firmado por nueve organizaciones defensoras de derechos humanos del estado de Chihuahua, denuncia al recién electo Consejero por prácticas homofóbicas durante la entrevista para la elección de dicho Comité realizada en el Congreso del Estado de Chihuahua, en donde el funcionario acusa a diputadas y diputados de estar más preocupados por "ver cómo le quitan el nombre y el apellido a las personas, o cómo casar a maricones".
Declaración que preocupa a las organizaciones, al ver que personas con visión poco sensible y que motiven a la violencia por razones de género accedan a espacios públicos donde se requiere que gocen de un buen prestigio y que su actuar se encuadre siempre dentro del marco legal y el respeto a los derechos humanos.
En razón de lo anterior, solicitaron a Conapred que de manera urgente se proceda en contra de Treviño Dávila por los hechos constitutivos de discriminación y que una vez aplicado el procedimiento se le aplique una sanción consistente en la reparación del daño. 


jueves, 8 de febrero de 2018

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS INSTAN A LOS TRES PODERES DEL ESTADO A CUMPLIR CON EL MISMO



·         El punto de acuerdo presentado por la diputada Isela Torres debe expresar el compromiso del Congreso estatal para cumplir con las acciones que les corresponden.

Chihuahua, Chih., 8 de febrero de 2018.- El día de hoy la diputada Isela Torres Hernández presentó, ante el Congreso del Estado, la iniciativa de acuerdo solicitando a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) la intervención, dentro de sus respectivas competencias, del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo de Protección) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la protección al gremio periodístico en Chihuahua.

La propuesta de la diputada Torres y la aprobación por parte de diputados y diputadas, da cuenta del desconocimiento que tienen sobre la existencia del Plan de Contingencia que existe en Chihuahua y de las obligaciones de éste que corresponden al legislativo.

Por ello, recordamos que el 7 de marzo de 2016 un grupo conformado por 26 organizaciones de la sociedad civil y periodistas de Chihuahua solicitamos al Lic. Roberto Campa Cifrián, entonces Subsecretario de Derechos Humanos de SEGOB, la urgente adopción por parte del Mecanismo de Protección de una alerta temprana que previniera futuras agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua (http://cedehm.blogspot.mx/2016/03/solicitud-de-alerta-preventiva-para.html). Esa solicitud fue presentada por la desprotección y el riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado.

Así, el 11 de agosto de 2016 el Mecanismo de Protección notificó al gobierno de Chihuahua la adopción de la primera alerta temprana en el país para prevenir agresiones tanto a personas defensoras de derechos humanos como a periodistas en Chihuahua.

Para dar cumplimiento al acuerdo, se realizaron varias reuniones con las y los integrantes de las organizaciones de sociedad civil y periodistas con el objetivo de recabar información y testimonios y así realizar un diagnóstico sobre la situación actual. De este documento se elaboró un plan de contingencia conformado por 5 mesas de trabajo con 53 acciones que involucra en su implementación a autoridades federales y estatales.

El Plan de Acción, consensuado entre las organizaciones y periodistas solicitantes de la alerta, el Mecanismo y las autoridades locales y federales, es un precedente nacional importante como modelo de protección, porque aborda el riesgo desde las causas estructurales que lo originan y no sólo se enfoca en atender la situación de urgencia en que se encuentra un integrante de alguno de los dos sectores.

Desde su aprobación, el 9 de julio de 2017, las organizaciones y periodistas hemos sostenido varias reuniones de seguimiento con las autoridades involucradas impulsando la realización de cada una de las acciones;, sin embargo nos hemos enfrentado a grandes desafíos por la mala coordinación entre autoridades federales y estatales y la poca participación de las autoridades involucradas, lo que representa la falta de compromiso o capacidad para atender un tema que debería de encontrarse dentro de las prioridades de la agenda pública de los tres niveles de gobierno, involucrando a la actual Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua.

Es un buen momento para reafirmar el compromiso de los tres niveles de gobierno en el cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan. Especialmente, hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores del Congreso del Estado, quienes han estado ausentes en esta discusión, para que contribuyan a una efectiva protección de quienes defendemos los derechos humanos y ejercemos la libertad de expresión. 


Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)
Bowerasa, A.C. Haciendo Camino
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Círculo de Estudios de Género, A.C.
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.
Ecos de Mirabal
El Barzón Chihuahua
Fatima, I.B.P.
Grupo Abogadas Demócratas
Grupo Feminista 8 de Marzo
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)
Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez
Red por la Participación Ciudadana
Uno de Siete Migrando, A.C.

viernes, 2 de febrero de 2018

Conmemoran un año del asesinato de defensor indígena Juan Ontiveros Ramos




 A un año de su asesinato, el crimen sigue impune; la indignación y la exigencia de justicia continúan más vivas que nunca.

La lucha por la que fue asesinado, prevalece en la comunidad de Choréachi, Guadalupe y Calvo.

Se realizarán diversas actividades para conmemorar su vida y objeto de lucha.

Chihuahua, Chih. a 1 de febrero de 2018.- A un año del asesinato del defensor indígena del territorio y de los bienes naturales, Juan Ontiveros Ramos, originario de Choréachi (Pino Gordo), municipio de Guadalupe y Calvo, se mantiene la exigencia de justicia para su familia y para la comunidad; además, la organización civil Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) celebrará varias actividades para conmemorar su vida y objeto de lucha: la riqueza cultural y ecológica de Choréachi. 

Representantes de ASMAC informaron que la mejor manera de conmemorar la vida y notable defensa del territorio y los recursos naturales que Juan Ontiveros ejerció a costo de su propia vida, es precisamente mostrar qué es lo que defendió: el territorio étnico-cultural y su riqueza ecológica, por lo que, durante todo el mes de febrero y hasta el 15 de marzo, se llevarán a cabo actividades en ese tenor.

Se comenzará el 22 de febrero con la presentación del proyecto Documentación de flora y fauna dentro del territorio de Choréachi, en el que participaron jóvenes de la misma comunidad, así como una exposición fotográfica; además, se realizará un Taller de minería dirigido a comunidades indígenas para dar a conocer el efecto e impacto que tiene para el medio natural la intromisión de dicha actividad económica en sus territorios ancestrales, ya que en Choréachi se realizaron estudios de prospección, lo que representa una grave amenaza para esta comunidad. 

Representantes de ASMAC informaron que ha habido una gran dificultad para ejecutar las órdenes de aprehensión contra los dos perpetradores, mismas que no se han ejecutado a pesar de los operativos de seguridad hechos por la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que el crimen permanece impune. Lo anterior, a pesar de que se poseen cuando menos dos minutas de trabajo en las que la Comisión Nacional de Seguridad se comprometió a coordinar las acciones de logística necesarias para realizar operativos de seguridad junto con la FGE en la comunidad de Choréachi, mismos que no se han ejecutado. 

Por lo anterior, la comunidad de Choréachi y ASMAC exigieron a las autoridades correspondientes que se efectúe una coordinación efectiva en el diseño de una estrategia de seguridad, para que se ejecuten ambas órdenes de aprehensión, así como que no se desdeñe una línea de investigación en la que se tome en cuenta como posible móvil del crimen, el activismo de Juan Ontiveros en la defensa de los derechos territoriales y los recursos naturales de su comunidad.

Hay que recordar que previo al asesinato, dadas las condiciones de violencia y otros asesinatos contra defensores del territorio ancestral y del bosque, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares en favor de dos miembros de la comunidad y sus núcleos familiares.

Posterior al asesinato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales colectivas en favor de la comunidad (25 de marzo del 2017) para que el Estado Mexicano proveyera de medidas necesarias de protección para sus integrantes.

Adicionalmente, por dichos antecedentes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares colectivas a favor de la comunidad en las que se insta al Comisionado de la Secretaría Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y al Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua César Jáuregui Robles, que se proporcionen las medidas de seguridad suficientes que garanticen la vida e integridad física de los habitantes e integrantes de la comunidad.